martes, 16 de septiembre de 2008
Timo Kotipelto Vs Michael Kiske (Revolution Renaissance)
Que me perdone Kotipelto pero la version de Kiske me gusta mas
¿Por qué llegó el terrorismo a México?*
Hace unos meses, cuando el mapa político latinoamericano se pintaba de rojo con la llegada de las izquierdas al poder, el gobierno de Colombia, tradicional aliado de EEUU en la región, quedaba prácticamente aislado con sus métodos para combatir al narcotráfico, la guerrilla y el terrorismo patrocinados por la administración de George W. Bush. Se quedaba solo con su Plan Colombia.
Pero el pupilo ejemplar en América Latina falló. El gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe se ha visto sacudido por la parapolítica (involucramiento de funcionarios públicos con grupos paramilitares de ultraderecha, sobra decir que ilegales, contra la guerrilla), al grado que la bancada demócrata del Congreso de EEUU, que ahora controla ese Poder, ha condicionado la ayuda económica y militar a Colombia a la presentación de resultados y la rendición de cuentas para asegurarse de que el gobierno colombiano no sólo no incentiva el paramilitarismo, sino que tampoco lo solapa.
En ese contexto, uno de los últimos procesos electorales en definirse –por cierto, de manera dramática– fue el de México, del que resultó proclamado presidente el derechista Felipe Calderón, afín a las pautas estadounidenses. Así, además del respiro que supone para la gran potencia no compartir frontera con un país gobernado por la temida “izquierda populista” que representaba Andrés Manuel López Obrador , el Ejecutivo estadounidense, liderado por el republicano George W. Bush, se apuró a preparar una estrategia que apuntalara a su debilitado aliado contra el narcotráfico continental.
México pasó de ser lugar obligado de paso de droga hacia EEUU, a productor y consumidor de estupefacientes, y con ello, la violencia vinculada al tráfico de drogas y al crimen organizado ya alcanza proporciones alarmantes, en un país en que ya de por sí era normal escuchar de ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes, aunque en situaciones puntuales.
Pero desde la llegada al poder del presidente Felipe Calderón, la violencia se ha recrudecido porque éste ha decidido declararle la guerra al narcotráfico, que a su vez ha respondido con asesinatos de policías, comandantes del Ejército y altos funcionarios de inteligencia. El narcotráfico en México es un poder paralelo con estructura, recursos y armamento propio que hace frente a las fuerzas de seguridad en las mismas calles de las ciudades.
Hasta ahora ningún presidente mexicano se había atrevido a hacerle frente al poderoso narcotráfico, y vistas las consecuencias es fácil adivinar por qué. La cifra de muertos es escalofriante: sólo la última semana de abril de este año hubo 70 asesinatos en varias localidades del país. Dependiendo de la fuente que ofrezca las cifras, se habla de por lo menos 700 muertes (que pueden ser mil) vinculadas al narcotráfico en lo que va del año. Una cantidad de crímenes sin precedentes en el país.
Nuevo León (noreste) y Michoacán (centro-oeste) son, junto a Tamaulipas (noreste), Tabasco (sureste), Baja California (noroeste), Chihuahua, Sinaloa, Durango (norte), Veracruz y Guerrero (sur), estados en los que el gobierno ha desplegado desde diciembre de 2006 a 10 mil policías federales y soldados para hacer frente al crimen organizado.
Y ahora yucatan, con su 12 de decapitados , se anexan los 44 muertos que en esta semana aparecieron y ahora las tres bombas en michoacan tierra del Presidente Calderon.
Las ejecuciones de los mandos policiacos son interpretadas como un mensaje al presidente Calderón de que el narcotráfico no piensa ceder terreno y mucho menos dejar el jugoso negocio de la venta de drogas al mayor consumidor de estupefacientes del mundo, que está a unos pasos cruzando por tierra: Estados Unidos.
Además, si en algún tiempo hubo rivalidad entre los narcotraficantes colombianos y los mexicanos, hoy el negocio está bien segmentado y las ganancias son compartidas. Un informe del gobierno colombiano, publicado en marzo de este año, revela que “las FARC controlan la producción de cocaína, de donde proviene 78% de sus ingresos, y más de la mitad dependen de la venta de droga al crimen organizado de México”.
El “Plan México”
Otro paralelismo entre Colombia y México es el intento estadounidense de dirigir a sus gobiernos en la adopción de medidas de seguridad y el combate al narcotráfico.
El pasado 9 de junio salieron a la luz (pues no se hizo un anuncio oficial sino más bien se confirmó oficialmente lo que se supo por otros medios) las negociaciones entre los gobiernos de México y EEUU para implantar un plan de seguridad con características similares al Plan Colombia, mediante el cual el gobierno colombiano recibe ayuda económica y asesoría militar para combatir las plantaciones ilegales y a la guerrilla.
El congresista demócrata estadounidense Silvestre Pérez aseguró a la prensa que el gobierno mexicano pidió a Washington la adopción de un método de seguridad similar al Plan Colombia. Sin embargo, el embajador de México en EEUU, Arturo Sarukhán, confirmó que, efectivamente, el presidente Felipe Calderón negocia con Washington un plan de seguridad, pero negó que éste pueda ser similar al que se aplicó en Colombia, aunque tampoco ofreció detalles sobre tales conversaciones.
Algunos analistas políticos en México creen que un plan de seguridad dictado por EEUU tendría una doble finalidad: por un lado, ampliar el control ante el creciente descontento social (véase Oaxaca, Chiapas) derivado del fracaso de las políticas económicas aplicadas hasta ahora, y por otro, camuflar el combate a la insurgencia y las guerrillas ya existentes bajo la máscara del combate al narcotráfico.
Ésa, por ejemplo, podría ser la razón de que, ante la evidente falta de resultados para acabar con el tráfico de drogas, los planes de seguridad destinados a ello se perpetuen.
Pero el pupilo ejemplar en América Latina falló. El gobierno del presidente colombiano Álvaro Uribe se ha visto sacudido por la parapolítica (involucramiento de funcionarios públicos con grupos paramilitares de ultraderecha, sobra decir que ilegales, contra la guerrilla), al grado que la bancada demócrata del Congreso de EEUU, que ahora controla ese Poder, ha condicionado la ayuda económica y militar a Colombia a la presentación de resultados y la rendición de cuentas para asegurarse de que el gobierno colombiano no sólo no incentiva el paramilitarismo, sino que tampoco lo solapa.
En ese contexto, uno de los últimos procesos electorales en definirse –por cierto, de manera dramática– fue el de México, del que resultó proclamado presidente el derechista Felipe Calderón, afín a las pautas estadounidenses. Así, además del respiro que supone para la gran potencia no compartir frontera con un país gobernado por la temida “izquierda populista” que representaba Andrés Manuel López Obrador , el Ejecutivo estadounidense, liderado por el republicano George W. Bush, se apuró a preparar una estrategia que apuntalara a su debilitado aliado contra el narcotráfico continental.
México pasó de ser lugar obligado de paso de droga hacia EEUU, a productor y consumidor de estupefacientes, y con ello, la violencia vinculada al tráfico de drogas y al crimen organizado ya alcanza proporciones alarmantes, en un país en que ya de por sí era normal escuchar de ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes, aunque en situaciones puntuales.
Pero desde la llegada al poder del presidente Felipe Calderón, la violencia se ha recrudecido porque éste ha decidido declararle la guerra al narcotráfico, que a su vez ha respondido con asesinatos de policías, comandantes del Ejército y altos funcionarios de inteligencia. El narcotráfico en México es un poder paralelo con estructura, recursos y armamento propio que hace frente a las fuerzas de seguridad en las mismas calles de las ciudades.
Hasta ahora ningún presidente mexicano se había atrevido a hacerle frente al poderoso narcotráfico, y vistas las consecuencias es fácil adivinar por qué. La cifra de muertos es escalofriante: sólo la última semana de abril de este año hubo 70 asesinatos en varias localidades del país. Dependiendo de la fuente que ofrezca las cifras, se habla de por lo menos 700 muertes (que pueden ser mil) vinculadas al narcotráfico en lo que va del año. Una cantidad de crímenes sin precedentes en el país.
Nuevo León (noreste) y Michoacán (centro-oeste) son, junto a Tamaulipas (noreste), Tabasco (sureste), Baja California (noroeste), Chihuahua, Sinaloa, Durango (norte), Veracruz y Guerrero (sur), estados en los que el gobierno ha desplegado desde diciembre de 2006 a 10 mil policías federales y soldados para hacer frente al crimen organizado.
Y ahora yucatan, con su 12 de decapitados , se anexan los 44 muertos que en esta semana aparecieron y ahora las tres bombas en michoacan tierra del Presidente Calderon.
Las ejecuciones de los mandos policiacos son interpretadas como un mensaje al presidente Calderón de que el narcotráfico no piensa ceder terreno y mucho menos dejar el jugoso negocio de la venta de drogas al mayor consumidor de estupefacientes del mundo, que está a unos pasos cruzando por tierra: Estados Unidos.
Además, si en algún tiempo hubo rivalidad entre los narcotraficantes colombianos y los mexicanos, hoy el negocio está bien segmentado y las ganancias son compartidas. Un informe del gobierno colombiano, publicado en marzo de este año, revela que “las FARC controlan la producción de cocaína, de donde proviene 78% de sus ingresos, y más de la mitad dependen de la venta de droga al crimen organizado de México”.
El “Plan México”
Otro paralelismo entre Colombia y México es el intento estadounidense de dirigir a sus gobiernos en la adopción de medidas de seguridad y el combate al narcotráfico.
El pasado 9 de junio salieron a la luz (pues no se hizo un anuncio oficial sino más bien se confirmó oficialmente lo que se supo por otros medios) las negociaciones entre los gobiernos de México y EEUU para implantar un plan de seguridad con características similares al Plan Colombia, mediante el cual el gobierno colombiano recibe ayuda económica y asesoría militar para combatir las plantaciones ilegales y a la guerrilla.
El congresista demócrata estadounidense Silvestre Pérez aseguró a la prensa que el gobierno mexicano pidió a Washington la adopción de un método de seguridad similar al Plan Colombia. Sin embargo, el embajador de México en EEUU, Arturo Sarukhán, confirmó que, efectivamente, el presidente Felipe Calderón negocia con Washington un plan de seguridad, pero negó que éste pueda ser similar al que se aplicó en Colombia, aunque tampoco ofreció detalles sobre tales conversaciones.
Algunos analistas políticos en México creen que un plan de seguridad dictado por EEUU tendría una doble finalidad: por un lado, ampliar el control ante el creciente descontento social (véase Oaxaca, Chiapas) derivado del fracaso de las políticas económicas aplicadas hasta ahora, y por otro, camuflar el combate a la insurgencia y las guerrillas ya existentes bajo la máscara del combate al narcotráfico.
Ésa, por ejemplo, podría ser la razón de que, ante la evidente falta de resultados para acabar con el tráfico de drogas, los planes de seguridad destinados a ello se perpetuen.
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